Toma de tierras en El Bolsón: el fallo que crispó al poder rionegrino

El Juez Federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata rechazó el desalojo y puso el eje en la situación económica y social de los ocupantes. Apuntó también a la responsabilidad del Estado en la solución de la problemática habitacional. El Gobierno rionegrino y Juntos Somos Río Negro formaron un coro para criticar el fallo.

13/09/2020
El Bolsón

 

Es “importante recordar que el derecho a la vivienda está reconocido en numerosos documentos internacionales, siendo el primero de ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que se proclama, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda”.

Bajo ese paraguas normativo, el Juez Federal Subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó ordenar el desalojo de la toma de terrenos del INTA, ocurrida en la localidad de El Bolsón.

El magistrado apuntó a la responsabilidad estatal de garantizar una política habitacional que permita el acceso a una vivienda, y repasó la crítica situación social y económica de las familias que decidieron ocupar esas tierras.

Nota relacionadaCrisis habitacional en El Bolsón, la otra cara de las tomas

La decisión del Juez derivó en un coro de voces críticas, encabezadas por la propia Gobernadora Arabela Carreras, quien calificó el fallo como “inadmisible”.

Zapata, en su resolución, cuestionó a la Fiscal Federal Sylvia Little, quien había solicitado el desalojo de las familias.

El dictamen además impone un plazo de 15 días para que el Municipio, la Provincia y la Nación arbitren las medidas necesarias tendientes a otorgar alojamiento a las familias que ocupan los predios.

El Juez evaluó que “si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables”. Y es que ante la situación de necesidad, las familias iniciaron la construcción de precarias casillas para instalarse.

Zapata dijo que no puede analizarse el hecho sin contemplar “la situación económica y habitacional particular de cada grupo familiar -es decir, cuántos lo componen, si tienen hijos, si poseen ingresos, bienes o incluso donde pasar la noche, entre otros-, elementos que podrían traer aparejados que muchos de los mismos eventualmente se encuentren exentos de persecución penal por tener causas de justificación de su accionar”.

Valoró que, durante la inspección realizada por Little, “no se han constatado roturas e incluso que en el lugar” y que “con ello quiero decir que no abrigo dudas que la deficitaria política estatal en materia habitacional, ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente- no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas; sin ir más lejos, en el año 2011 -en cercanías de los predios hoy ocupados también propiedad del ente denunciante- se asentaron un sinnúmero de personas que con el transcurso del tiempo lograron la entrega de esos lotes y la formación de siete barrios que a la fecha no poseen régimen jurídico alguno”, repasó.

Los vecinos que ocuparon las tierras “le han manifestado a la titular del Ministerio Público Fiscal que no poseen oposición alguna a ser reubicados, ya que su reclamo es inherente a la crisis habitacional que sufren y no a la porción específica de tierra que hoy ocupan”.

Explicó que debe considerarse que en la toma hay niños y niñas, cuyos derechos deben ser tutelados por el Estado, así como el de “personas con discapacidad”.

“He tomado conocimiento por diversos medios de comunicación -concluyó Zapata- sobre declaraciones de actores interesados en la conflictividad que indican que en estos casos la mejor salida sería lo que se ha pretendido denominar como 'desalojo pacífico', término que la experiencia indica como imposible, pues desde su génesis cualquier lanzamiento implica necesariamente el uso (aunque sea mínimo) de la fuerza estatal, lo que sin lugar a dudas -teniendo particularmente en cuenta el grave contexto social que atraviesa nuestro país- debe evitarse con el objetivo de no profundizar las necesidades que atraviesa un gran número de habitantes de la República”.

E incluyó en su resolución una crítica concluyente: “Quienes abrazan ese tipo de conceptos -por el desalojo-, son generalmente quienes -a su vez- no ejercitan ninguna de las herramientas procesales a su alcance, tendientes a lograr el objetivo que manifiestan anhelar", es decir el acceso a una vivienda por parte de amplios sectores de la población.

 

Críticas

 

El fallo desató la ira de Juntos Somos Río Negro. El partido del Gobierno en la Provincia organizó su respuesta, iniciándola con la propia Gobernadora Arabela Carreras. “Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras”, dijo la mandataria, y cuestionó al Juez, quien “sentado en la comodidad de la silla de su despacho se desentiende de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja como la habitacional”.

 

“Pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”, planteó Carreras y explicó: “Los Gobiernos gestionamos, pero no hacemos magia”.

“Si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”, concluyó.

 

Por su parte, intendentes e intendentas de Juntos Somos Río Negro analizaron la situación junto al ex Gobernador Alberto Weretilneck y acordaron “realizar una denuncia conjunta” contra el Juez Zapata, “quien se niega a indicar acciones de desalojo, y, le impone al municipio que en 15 días encuentre nueva vivienda a 130 personas”.

“Las preguntas que surgieron de inmediato fueron: ¿Con qué información de la realidad opera el juez? ¿Cuáles son los marcos legales que guían su decisión? ¿Dónde vivían estas personas antes de trasladarse a las tierras del Mirador?”, se preguntaron los jefes y jefas comunales del oficialismo provincial. “Los dieciocho intendentes -se informó a través de una gacetilla de prensa- coincidieron en rechazar las tomas por ser ilegales y dañinas para la sociedad en múltiples sentidos, asimismo expresaron que el déficit de viviendas es un tema para trabajar en los tres niveles de Estado y se están promoviendo soluciones”. 

Finalmente, el bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro “repudió” la decisión del Juez Federal subrogante de Bariloche, y chicaneó: “La usurpación de tierras es un delito, pero al Juez no le tocó rendir esa bolilla”.

“Para colmo -se quejaron los legisladores- el magistrado no aceptó como querellante al INTA,  una decisión así solo se concibe si quien la toma desconoce la zona, la problemática y básicamente la ley”.

“En la comodidad de su despacho, el Juez además pretende gobernar, tomar decisiones sobre el presupuesto de la ciudad de El Bolsón. Quizás, su Señoría, podría explicar cómo hacerlo. En una de esas tiene la solución para la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, e ilumina a los gobiernos del mundo”, señalaron.