Desde la ONU, Bachelet intima al gobierno paraguayo a buscar a la adolescente desaparecida

Se trata de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió además una investigación independiente por el asesinato de las dos menores argentinas. Una nota de Santiago Rey para ElDiarioAr.

05/02/2021
Santiago Rey

 

Un duro pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La ex Presidenta de Chile reclamó al gobierno de Mario Abdo Benítez que intensifique la búsqueda de la adolescente de 14 años Carmen Elizabeth Oviedo Villalba desaparecida a principios de diciembre de 2020, en el contexto de la persecución a integrantes de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Además, Bachellet reclamó a ese Estado una investigación “rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean” a los asesinatos de Lilian Villalba y María Carmen Villalba, ocurridos durante un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) contra el EPP en la zona de Yby Yaú, en el norte paraguayo.

El posicionamiento de Bachelet -que era esperado desde hace varios meses por un conjunto de dirigentes de fuerzas progresistas de todo el continente- también se convierte en un elemento de presión sobre la Cancillería argentina, que en las últimas semanas mantuvo cautela. elDiarioAR publicó las tensiones diplomáticas entre ambos países. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, admitieron que el pronunciamiento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos “pone un paraguas” a los reclamos argentinos.

Paralelamente, está pendiente la respuesta del Gobierno nacional a la nota que los organismos de derechos humanos presentaron al Presidente Alberto Fernández el pasado 13 d enero, en la que reclamaron que Argentina “no comercie” con el país vecino, hasta tanto cesen las violaciones a los derechos humanos.

“Hasta el momento no hubo respuesta”, contó a elDiarioAR Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas. Precisamente Taffetani había calificado al Estado paraguayo como “terrorista”, en el contexto de la conferencia de prensa de los organismos de la que participaron Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, APDH La Matanza, el CELS, entre otros.

Para esas organizaciones, la nota de Bachelet implica también un espaldarazo a sus reclamos.

 

La Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU dijo estar “profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años de edad en Paraguay”.

“De acuerdo con la información disponible -repasó-, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP, en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 kilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación, eran ciudadanas argentinas”.

En tanto recordó que “Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar”.

Bachelet planteó que “se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta”; y cuestionó que, tal como publicó este medio, “evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos”.

Hasta el momento la respuesta del gobierno de Abdo Benítez fue impulsar denuncias contra los familiares de las niñas asesinadas, bajo la figuro de “asociación terrorista”, aunque no esté demostrada la participación de las madres de las menores en acciones del EPP, más allá del vínculo familiar que mantienen con algunos de los miembros de esa organización.

La Alta Comisionada “urgió a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo”, dijo la expresidenta chilena.

Bachelet sumó además un enfoque feminista al análisis de la situación: “Tomó nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP”, se indicó desde el área de Naciones Unidas.

“Ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta”, dijo.

Finalmente, reconoció que “el EPP representa una real preocupación de seguridad y ha cometido delitos graves, como secuestros -el más reciente del exvicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020-”, hecho que “condenó”. Sin embargo, reiteró que “al abordar los problemas de seguridad y actividades criminales, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.