Durante la cuarentena 11 mujeres fueron asesinadas con balas estatales

El dato surge de un relevamiento de la Casa del Encuentro, que registró 250 femicidios durante el aislamiento. Sin formación específica, la falta de protocolos de violencia de género y de estadísticas hace imposible trazar políticas efectivas. El encubrimiento posterior, otro problema. Una nota de Alejandro Marinelli para ElDiarioAr.

11/02/2021
Nacional

 

La repetición de casos de policías que cometen femicidios requiere discusiones y acciones urgentes sobre lo que sucede dentro las fuerzas de seguridad. El déficit de formación de los agentes respecto de esos temas, la falta de protocolos específicos, la ausencia de estadísticas y de análisis de los casos hace que tampoco se pueda conocer particularidades imprescindibles para trazar políticas efectivas. Es un problema que crece y que cada vez resulta más difícil de ocultar: en los últimos 10 años hubo más de 150 femicidios, travesticidios y transfemicidios cometidos con balas estatales, una relación trágicamente directa entre violencia machista y miembros de esas fuerzas. Durante los meses de cuarentena, de los 250 femicidios relevados, 11 fueron ejecutados por manos de policías.

Esos datos surgen de un estudio del espacio feminista la Casa del Encuentro, que en diciembre presentó “Por ellas”, un informe de la última década, que contiene estadísticas -en base a información de medios- sobre femicidios en las fuerzas. “El agresor forma parte del Estado, representa a la ley, al monopolio de la fuerza y cuenta con un arma de fuego. ¿Ella a quién puede pedirle ayuda? ¿Cómo hará para sentirse segura si debe denunciar en la comisaría a un policía? ¿Cómo hace para confiar en que el Estado va a intervenir y protegerla si, justamente, un agente de ese Estado es quien la agrede?”, se plantean estas preguntas en el trabajo.

En el momento en que una persona ingresa a una fuerza de seguridad adquiere una serie de derechos y obligaciones que los convierte en policías tiempo completo todos los días del año. Su mandato policial dice que siempre deben estar listos para actuar. Eso implica llevarse el arma reglamentaria cuando vuelven a sus casas. En esos espacios domésticos, cuando se produce violencia de género, el arma produce daños mucho más graves que en los hogares donde no las hay: su presencia aumenta cinco veces la posibilidad de que una mujer sea asesinada por su pareja. La amplia mayoría de los femicidios ocurren cuando los policías se encuentran fuera de servicio.

El pedido de justicia por Ursula Bahillo, asesinada por su exnovio policía bonaerense Télam

También la mayoría de policías que matan en esas situaciones son hombres. Las estadísticas muestran que son marginales los casos de mujeres de las fuerzas que hayan asesinado a un hombre en una situación similar. Esta vulneración de los derechos de las mujeres en manos de agentes del Estado se ubica dentro del universo de violencia institucional.

“El femicidio en las fuerzas es un problema de seguridad, no particular y como tal el Estado tiene que responsabilizarse. Es el Estado el que se encarga de la formación y les da un arma. Por eso en ese proceso tiene que prevenir. Por supuesto que quiero que haya Justicia en todos los casos, pero además es precisa una discusión más profunda sobre qué hacer con el problema. Sino las respuestas se reducen a la coyuntura, cuando la muerte ya sucedió”, explica a elDiarioAR la integrante del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Juliana Miranda. “La mayoría de las mujeres de policías que mueren a manos de policías mueren en femicidios. Algunas pocas mueren en disputas con un vecino policía o tiroteos”, agrega. Esto quiere decir que las parejas de agentes sufren más la violencia cercana que la de otros policías.

Respecto de los protocolos, las fuerzas federales (la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Gendarmería) tienen desde hace 10 años, programas que incluyen actuaciones formalizadas cuando hay denuncias por violencia de género hacia su personal. Allí funcionan equipos interdisciplinarios que, entre otras funciones, canalizan las denuncias por violencia laboral, intrafamiliar y de género, de personal propio o cuando una civil denuncia a un integrante de alguna fuerza. Allí también hacen el seguimiento de los sumarios administrativos y procesos judiciales. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene una Dirección Nacional de Género.

 

En la ley N° 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública de CABA se plantea “eliminar prácticas discriminatorias basadas en la superioridad de género, orientación sexual o identidad de género, dentro de la Policía de la Ciudad”. Su Protocolo de Actuación sobre violencia familiar dice que cuando un miembro es imputado en un hecho de ese tipo la Unidad Control de Desempeño Profesional es responsable de iniciar las actuaciones administrativas. En la Bonaerense, durante la gobernación de Vidal había un protocolo y tenían datos de sumarios iniciados sobre violencia de género, pero esos informes no fueron entregados. La nueva gestión informó esta semana que redactó un protocolo hace tres meses y que espera ser firmado en breve por Sergio Berni.

En la propia utilización de las armas de fuego también se puede ver un vínculo de género, que luego determinará quiénes las tienen y quiénes las padecen. Según los informes del ReNar, el 97% de las personas que piden tenencias o portaciones son hombres. La presencia de esas armas en manos de hombres violentos también reduce la capacidad de resistencia de las mujeres: por la posibilidad de salir lastimada o que lastimen a alguno de sus seres más cercanos. Casi el 90% de las mujeres que llaman a la línea 144 para denunciar situaciones de violencia de género tienen hijos a su cargo.

A todas estas características de los femicidios en las fuerzas hay que agregarle lo que sucede luego de consumado el asesinato con las prácticas de encubrimiento. Los policías controlan esos primeros momentos en la escena del crimen, lo que significa que pueden falsear lo sucedido. Uno de los casos que más representa esas prácticas fue el de Gisela Dupertuis, policía de Ezeiza de 32 años, que fue baleada por su novio también policía, Jhonatan Guiliani, en diciembre de 2018. El joven intentó instalar la versión del suicidio hasta que las pericias balísticas hicieron caer su relato y fue detenido.

En los últimos años, el aumento de mujeres en las fuerzas de seguridad y la visibilización social de la violencia género provocaron que en distintas jurisdicciones se crearan dependencias para atender las denuncias de casos dentro de las instituciones.

Pensando en políticas específicas, desde La Casa del Encuentro proponen analizar medidas de acción centradas “la prevención (con protocolos en la temática, cursos, capacitaciones y talleres de sensibilización) y la lucha contra la impunidad de estos casos”. Entienden también que “cuando la víctima de violencia de género denuncia a su pareja policía las medidas de protección deben ser adoptadas de inmediato, obligando a la entrega del arma y reforzando las restricciones de para evitar que su contacto con otros oficiales coloque a la denunciante en una situación de mayor peligro”. Miranda, del CELS, apunta que “en las fuerzas es clave el funcionamiento de Asuntos Internos y la producción de datos. Si no sabés las características no podés controlar un fenómeno que desconoces. Para actuar correctamente es imprescindible tener esa información”, concluye.