# LA MASACRE DE SAN PATRICIO

Reclaman que la Iglesia abra sus archivos

El 4 de julio de 1976 fueron acribillados los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. A 45 años de la ejecución de los religiosos, el colectivo querellante Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia reclama el acceso a los archivos de la Iglesia y pide que se reactive la investigación judicial paralizada desde 2017. Una nota de Leonardo Castillo para Télam.

15/08/2021

 

La comunidad palotina de la Parroquia de San Patricio es querellante en la causa de lesa humanidad por la masacre de los cinco religiosos de la orden e impulsa la reactivación de la investigación bajo las hipótesis que sindican a efectivos de la Armada como los autores de los homicidios. La semana pasada, Ramiro Varela, integrante de la comunidad y fundador del colectivo Palotinos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia se incorporó como “amigo del tribunal” por resolución del juez Sebastián Casanello, el titular del Juzgado Federal 12 que instruye el expediente.

En ese crimen fueron acribillados en la casa parroquial de San Patricio los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. “Hice el preescolar en el Colegio que la Parroquia de San Patricio tiene en el barrio y empecé la primaria justo cuando comenzaba el Juicio a las Juntas y se reabría la causa. Durante años hubo mucho silencio, pero cuando se cumplieron cuarenta años del crimen y la congregación se presentó como querellante, desde la comunidad decidimos comprometernos para que el caso no quede impune”, señala Varela.

 

Dos testimonios centrales

 

Poco después de los asesinatos, el nuncio apostólico Pio Laghi le encargó al sacerdote palotino Efraín Sueldo Luque una investigación. Laghi se había reunido con Robert Hill, el entonces embajador de Estados Unidos en la Argentina. El encuentro quedó registrado en un cable diplomático de la representación estadounidense divulgado por el sitio WikiLeaks. Durante el encuentro, Hill le confió al nuncio que un oficial de alto rango de la dictadura le había dicho que el régimen estaba dispuesto a “limpiar a la Iglesia”.

Sueldo Luque, que también era abogado, detectó numerosas irregularidades en el procedimiento policial e incorporó en su informe las declaraciones de Guillermo Silva y Luis Pinasco. Silva y Pinasco eran vecinos de la parroquia y en la fría noche de los homicidios invitaron a entrar al cabo Pedro Álvarez, que custodiaba la vivienda del entonces interventor de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner. Según sus testimonios, en un momento de la noche, Álvarez salió a la calle al ver un patrullero que pasaba. Desde el vehículo poilicial le advirtieron: “Si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos”. Silva escuchó la conversación y presenció en horas de la madrugada que unos hombres con armas largas rondaban la casa parroquial. También lo vio Pinasco.

Sueldo Luque remitió las declaraciones a la Curia, con una copia a Roma y una tercera que probablemente haya terminado en la sede de la orden palotina en Irlanda. En 1977, el juez Guillermo Rivarola y el fiscal Julio César Strassera, quienes tuvieron a cargo la causa judicial, la cerraron sin dictar procesamientos. En 1984, por iniciativa del sacerdote Cornelio Ryan, se reabrió la investigación y el fiscal Aníbal Ibarra solicitó que se incorporaran las declaraciones de Silva y Pinasco. Tres años más tarde, el juez federal Néstor Blondi cerró el caso a partir de la leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Finalmente, en julio de 2006, el juez federal Sergio Gabriel Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a 18 integrantes del GT 3.3.2. [1]. Sin embargo, un año más tarde, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos por falta de pruebas y la investigación se paralizó. En 2013, Torres ordenó una pericia balística sobre los 28 proyectiles y las 35 vainas servidas que se recolectaron en la casa parroquial y que habrían sido disparadas desde cinco armas distintas.

La pericia concluyó que provenían de armas de calibre 9 milímetros, las que en esos años utilizaban tanto los efectivos de la Armada como los integrantes de la Policía Federal. El dato le daba algún asidero a la versión que indicaba que la masacre era “una venganza” de la policía por la bomba que Montoneros había puesto días antes en la sede de Coordinación Federal. Torres, que durante años tuvo a su cargo de la megacausa ESMA, es ahora juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, por lo que instrucción de la masacre está quedó en manos de Casanello.

 

El horror, a 45 años

 

Rolando Savino, en aquel entonces un adolescente de dieciséis años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó el domingo 4 de julio bien temprano para participar de la misa dominical. Cuando logró ingresar se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado. En las paredes, los asesinos habían escrito consignas que no dejaban dudas sobre la procedencia del atentado: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria” / “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”.

Los integrantes del colectivo creen que la Justicia debería seguir la pista sobre la participación que pudo tener Gonzalo Torres de Tolosa, el secretario del Juzgado de Menores N° 9 durante la última dictadura. Bajo el alias de “teniente Vaca”, Tolosa integraba el grupo de tareas 3.3.2 que operaba desde la ESMA y que comandaba el genocida Jorge “El Tigre” Acosta. Tolosa tenía una relación familiar con Acosta. El ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo lo señaló ante la Justicia española como participante de los llamados Vuelos de la Muerte y lo relacionó con La Masacre de San Patricio.

 

En la ESMA, Scilingo se encargaba de los autos que usaban los represores en los operativos y en función de las estructuras inorgánicas del terrorismo de Estado tenía como superior a Tolosa, quien le ordenó cambiar el color de un Peugeot 504. Ante la pregunta de Scilingo, Tolosa le reveló que el vehículo había sido usado en el operativo en el que resultaron asesinados los cinco religiosos. La sobreviviente de la ESMA Marta Remedios Álvarez ratificó ante la Justicia la versión de Scilingo y lo dicho por Tolosa. En la actualidad, Tolosa cumple una condena por delitos de lesa humanidad y se encuentra bajo detención domiciliaria.

 

La pista de los excomulgados

 

En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron que habían finalizado la digitalización de los archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar. Meses más tarde, el Episcopado anunció que los materiales sólo podrían ser consultados por las víctimas y los familiares de los desaparecidos si cumplían el protocolo definido por las propias autoridades eclesiásticas.

“Pudo haber gente de la comunidad, fieles que iban a misa e instigaron los asesinatos escandalizados por lo que decía Alfredo [2] y que luego se arrepintieron”, conjetura Ramiro Varela, fundador del colectivo. Varela recuerda que en 1985, el periodista Héctor Ruiz Núñez escribió en la revista El Periodista que “una importante fuente” de la Iglesia le había dicho que “dos personas encumbradas de Belgrano, que pertenecían a la feligresía de San Patricio”, habían “tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus excomuniones, motivadas por haber propulsado el asesinato de los religiosos”.

“Creemos que la autoría material estuvo a cargo de la Armada y que la Policía Federal liberó la zona. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo porque los genocidas se van muriendo. Pero no vamos a dejar de militar esta causa y dar la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, puntualiza Varela. Hoy, a 45 años de la masacre de los sacerdotes palotinos, los archivos de la Iglesia podrían aportar nuevas pistas en una causa que está paralizada desde 2017.

 

 

Notas

 

[1] En julio de 2006 el juez Sergio Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a los integrantes del GT 3.3.2 Antonio Pernías, Jorge “El Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Ernesto Frimón Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Enrique Perren, Francisco Lucio Rioja, Nestor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Angel Martello, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta. En 20027, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos y la causa se paralizó.

[2] El Sermón de las Cucarachas. “Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados (…) Quienes medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”. Homilía del padre Alfredo Kelly, pronunciada semanas antes de ser asesinado. Tras la homilía, circuló entre los feligreses una carta en la cual se solicitaban firmas para remover a “ese cura comunista”. También balas depositadas en la bolsa de las ofrendas a modo de amenaza.