Concepción. Documentos para salvar la vida

Tímidamente la pareja de jóvenes ingresa a la oficina. Edith Márquez Rivas, encargada del Archivo de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, levanta la vista de unos documentos que revisa y los saluda.

-¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarlos? -pregunta.

-Nos dijeron que aquí tienen documentos de la época de la dictadura -dice la joven que se identifica como estudiante.

-Sí, aquí se conservan documentos de ese periodo.

-Queremos saber si tienen expedientes de consejos de guerra.

-¿Buscan alguno en específico? -pregunta Edith.

Los jóvenes se miran.

-Nos interesa ver los de Talcahuano.

Edith se dirige al kardex donde se conservan copias de algunos consejos de guerra instruidos en esa época y les entrega la copia del Ancla 5, Consejo de Guerra instruido por la Armada en contra de más de 40 personas a quienes se acusa de diversos cargos.

Instalados en una mesa y bajo la atenta mirada de la encargada del archivo, ambos jóvenes se concentran en la revisión de los documentos.

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Hojear la carpeta número 1 del Archivo de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, es sumergirse en una de las más de 7 mil denuncias e historias que se conocieron durante los 17 años de la dictadura.

Amarillenta está la primera carpeta del Archivo de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción –ciudad ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile- que conserva documentos, carpetas de casos y copias de expedientes judiciales referidas a violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el 10 de marzo de 1990, en la región del Bio Bío.

Se trata del más importante registro de denuncias por acciones represivas existente fuera de la capital chilena y quizás uno de los pocos de regiones que se conserva.

En antiguos kardex metálicos –los mismos que resistieron cambios de domicilio y los embates del tiempo- están guardadas las 9.102 carpetas que forman este archivo.

De ellas, 7.064 corresponden a casos de detención política, amenazas, amedrentamientos, allanamientos y otras denuncias; 192 a casos de desaparición forzada; 275 a exiliados y 1.425 registran situaciones de despidos o problemas laborales.

En aquel tiempo, documentar lo ocurrido en dictadura no era un acto de memoria para el futuro, era una acción necesaria para saber qué pasaba y hacer seguimiento a las denuncias por detención u otra acción represiva del momento.

Todo partió con el Comité Pro Paz, organismo ecuménico creado en Santiago, por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en octubre de 1973 y que rápidamente se replicó en otras ciudades del país.

Fue el caso de Concepción, donde el entonces Arzobispo, Manuel Sánchez Beguiristain, no dudó en otorgar un espacio para empezar a recibir las primeras denuncias. Nada fácil fue aquello. Había temor, pero también desconfianza y, por cierto, desconocimiento. A medida que pasaba el tiempo, el Comité se fue haciendo más conocido y la demanda por atención aumentaba.

La presencia de representantes de este organismo en los campos de prisioneros, en cárceles, regimientos y tribunales civiles y militares, ya incomodaba en extremo al dictador Augusto Pinochet. Fue así como le ordenó al Cardenal Silva cerrar el Comité.

Silva Henríquez no se arredró. Accedió a terminar con el Comité pero muy pronto abrió la Vicaría de la Solidaridad, frente a lo cual Pinochet nada pudo hacer.

En Concepción, el organismo siguió funcionando con las puertas entornadas, hasta que en marzo de 1976 surgió el Departamento de Servicio Social. A ese trabajo llegó, en 1982, el joven abogado Patricio Otárola Hidalgo.

Poco o nada se hablaba de derechos humanos en ese tiempo, reconoce el jurista. Por ello, no había conciencia de que lo que se estaba documentando mediante modestas fichas de papel roneo, era nada menos que violaciones a los derechos humanos de cientos de personas que estaban siendo afectadas por la represión.

-Creo que en el ‘73 hubo mucha gente que nunca dimensionó tanto horror, que no comprendía hasta qué extremo podía llegar la brutalidad -sostiene Otárola.

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Edith está pendiente de los jóvenes que continúan revisando los documentos, son textos escritos a máquina, en delgadas hojas de papel copia. A veces cuesta un poco leerlos.

Los escucha comentar algo y advierte el interés con que leen la copia de la sentencia del proceso Ancla-5.

Cada cierto tiempo los observa para asegurarse de que no se llevarán algún documento o que los dañarán. Ya le ha pasado antes y no quiere repetir la experiencia.

-Una vez sustrajeron la copia de una sentencia. Me confié demasiado y cuando me di cuenta ya era tarde -relata aún con cierta congoja.

De pronto, se da cuenta de que la joven empieza a llorar, su compañero intenta calmarla.

Edith se acerca.

-¿Qué te pasa? ¿Algún familiar tuyo fue sometido a Consejo de Guerra? -le pregunta.

-No, no tengo familiares entre los detenidos -responde ella y agrega con evidente dolor- mi papá es uno de los oficiales navales que firmaron la sentencia del Consejo de Guerra.

Edith no sabe qué decir. Se queda sorprendida. Apenas alcanza a balbucear: 

-Lo siento harto, no me dijiste nada…

La joven no responde. Agradece a Edith por permitirle ver los documentos y se va del archivo junto a su amigo.

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Dejar constancia para salvar la vida. Es la frase con que Patricio Otárola define el significado del registro que se hizo durante 17 años en la zona y que ha convertido al Archivo de Derechos Humanos de Concepción en uno de los pocos de su tipo en regiones y en un importante repositorio de memoria.

-El archivo era un espacio de registro. Llegaban personas que denunciaban que tenían un familiar detenido y se hacía una carpeta con sus datos y se iba registrando toda la información.

Edith Márquez rememora los primeros años de este importante registro, mientras abre los kardex y me muestra esas primeras carpetas.

Al revisarlas no puedo dejar de imaginar lo que habrán sentido esas primeras personas que llegaron venciendo el miedo y la desconfianza para contar lo que estaban viviendo.

-Cuántas historias hay en estos papeles -le digo sin dejar de observar.

-Hay miles, hay casos tremendos y bien tristes -responde Edith.

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Fue en 1987 cuando el abogado Carlos Maturana se integró al equipo de la Pastoral de Derechos Humanos, organismo que surge en 1983 a raíz de la reorganización del hasta entonces Departamento de Servicio Social.

Maturana también tiene claro el sentido de ese registro.

-Era un registro para identificar la situación y poder hacer el seguimiento. Poco de lo que hacía la Pastoral tenía una proyección en términos históricos en ese tiempo. Era básicamente una labor de defensa y denuncia. En eso se concentraba y bastaba y sobraba para la época -argumenta.

Reviso la carpeta que tiene el número 1, que no necesariamente corresponde al primer caso que se denunció ante el Comité Pro Paz. Ahí está la historia de Héctor Lagos, denunciada por su madre Laura Burgos. Ella concurrió hasta el organismo a denunciar que el 19 de octubre de 1973, su hijo Héctor había sido detenido y que se encontraba recluido en la Isla Quiriquina, recinto de la Armada de Chile, en Talcahuano que estaba siendo utilizado como Campamento de Prisioneros Políticos.

En la ficha no hay más detalles de su detención, salvo que había estado en el gimnasio del Apostadero Naval, en Talcahuano y que también había pasado por el Fuerte Borgoño, uno de los lugares donde se torturaba.

Compruebo que lo relatado por la madre de Héctor se va repitiendo en otras fichas que consignan esas primeras denuncias y que permiten verificar cuáles fueron los principales centros de detención en esos primeros meses de la dictadura: el Estadio Regional de Concepción, la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, los Regimientos Guías y Chacabuco, la Base Naval de Talcahuano, la Isla Quiriquina…

Trabajadores, estudiantes, pobladores, dirigentes sindicales, sociales y políticos, académicos fueron los principales afectados por la represión que desató el régimen desde sus primeras horas. Es lo que compruebo al revisar esas primeras carpetas.

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Leonardo Albornoz llega al archivo en busca de información. Quiere saber si hay detalles de la detención de su abuelo, una de las víctimas de la matanza ocurrida en la zona rural de Mulchén, comuna de la Región del Bío Bío, donde los días 5, 6 y 7 de octubre, 18 campesinos y obreros forestales fueron detenidos por una patrulla integrada por carabineros y civiles y que fueron masacrados a pocas horas de su detención. Sus cuerpos fueron enterrados a orillas del río Renaico y años más tarde desenterrados y hechos desaparecer por agentes del Estado.

Leonardo es profesor de Historia y vive en Collipulli y se ha propuesto reconstruir esa historia, que es parte de su familia.

-Busco todos los documentos que puedan servir, en especial fotografías -explica.

Lo mismo ha hecho Marina Rubilar, hija de José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, detenido y ejecutado el 6 de octubre de 1973, en Mulchén. En su afán por recuperar su memoria y la de las demás víctimas, también ha recurrido al Archivo de Derechos Humanos, buscando fotografías y documentos que contribuyan a ese deseo.

No han sido los únicos, historiadores e investigadores han hecho lo suyo, revisando carpetas y documentos de la época que les permitan documentar sus investigaciones.

-Para mí fue una novedad, yo no tenía muy claro si existían archivos locales sobre la represión, uno piensa que todo eso está en Santiago, así que se reconstruye con lo que hay allá -dice el docente de Historia de la Universidad de Concepción Danny Monsalvez.

Abogados de derechos humanos que necesitan respaldar sus denuncias han recurrido al Archivo en busca de un dato, de la copia de un documento, de un nombre, de una mención, que les ayude a agregar más antecedentes a sus acciones judiciales.

Y no en pocas ocasiones ese documento ha sido fundamental.

“…comunico a Ud. que su cónyuge fue detenido por orden de la Dirección de Inteligencia Nacional, y para saber de la situación actual de su cónyuge Adán Valdebenito Olavarría, tendría que dirigirse al Servicio Nacional de Detenidos, ubicado en Compañía N° 111, 1er piso, Santiago”.

La carta tiene timbre de la Intendencia de la VIII región, y aparece firmada por el intendente suplente, Christian Storaker Pozo, Comandante en Jefe de la II Zona Naval.

Tiene fecha del 20 de marzo de 1975 y está dirigida a Isabel Quiñones Garrido, esposa de Adán Valdebenito, que el 10 de febrero hizo llegar una misiva a la autoridad regional consultando por su esposo.

Este documento forma parte de la carpeta de Adán Valdebenito Olavarría, 27 años, detenido el 25 de septiembre de 1973 y que se conserva en el kardex asignado para los casos de Detenidos Desaparecidos.

Para el avance del proceso judicial, era crucial establecer ese hecho y, por ello, la abogada Parra recurrió al Archivo y habló con la encargada para verificar si ese antecedente estaba en la carpeta de la víctima.

-Efectivamente, el documento estaba y se trataba de la respuesta que Storaker daba a la esposa de Adán Valdebenito reconociendo que su marido había sido detenido y estaba a disposición de la DINA.

El aporte documental del Archivo a procesos sobre violaciones a los derechos humanos en curso en la región, ha sido de gran relevancia. Lo reconoce la misma abogada Parra, que lo ha consultado en numerosas oportunidades.

Fue así como este archivo ha transitado de ser un espacio de registros concebidos como constancias para salvar la vida a un reservorio para documentar la memoria.

Lo ratifica Dante Gebauer, egresado de Derecho, quien llegó a la Pastoral de Derechos Humanos a mediados de los ochenta a sistematizar la información de las carpetas para preparar informes de situación mensual.

-Todo archivo es vital para la memoria de un país, uno ve el valor enorme que tiene contar con fuentes concretas que puedan mostrar lo que efectivamente estaba ocurriendo y el Archivo de Derechos Humanos tiene una importancia enorme en ese sentido. Ahí está registrado, no todo, pero sí buena parte de lo que se vivió durante el tiempo de la dictadura en materia de violaciones a los derechos humanos y la represión en nuestra zona.