Entre salvavidas con espinas
Un nuevo endeudamiento, esta vez con el gobierno de Estados Unidos, ensombrece el panorama económico financiero y reinstala el debate sobre la soberanía nacional. ¿Quién paga los platos rotos de la mala praxis y los negocios del gobierno de Milei?

El gobierno argentino está atrapado en una crisis sin fin, que se alterna entre oleadas de euforia y precipicios que se acercan con velocidad. La derrota en las elecciones bonaerenses a inicios de septiembre inauguró una fase a las tensiones cambiarias abiertas desde junio. Pero siempre con nuevos pases de magia, aparece una nueva, efímera y polémica solución.
Pareciera que al gobierno, y a sus acreedores, no les importa lo que dicen las leyes nacionales ni internacionales, ni si los fondos prestados son utilizados para financiar un esquema cambiario puramente especulativo, cortoplacista e inviable económica y socialmente. Los acreedores deberán asumir parte de las pérdidas cuando el sistema colapse.
Pero empecemos por la oficialización de la subyugación. El 24 de septiembre el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tuiteó en la red social X el siguiente mensaje:
“Ayer, el presidente de Estados Unidos y yo hablamos extensamente con el presidente Milei y sus principales asesores en Nueva York. Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino.
Bajo el presidente Milei, la Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico regreso de Argentina a la prosperidad.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos denominados en dólares de la Argentina y lo hará según lo requiera la situación. También estamos preparados para otorgar un crédito stand-by significativo a través del Exchange Stabilization Fund, y hemos estado en conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo. El Tesoro está actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva.
Además, los Estados Unidos está listo para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención impositiva temporal para los productores de commodities que liquidan divisas.
La Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con objetivos políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que tienen la intención de realizar importantes inversiones extranjeras directas en la Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo.
La Administración Trump está firme en nuestro apoyo a los aliados de los Estados Unidos, y el presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre los Estados Unidos y la Argentina. Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital.
Estaré siguiendo de cerca los acontecimientos, y el Tesoro permanece completamente preparado para hacer lo que sea necesario”.
Este tuit fue seguido de una serie de exigencias concretas y específicas por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el argentino. Solo entre las que trascendieron, se puedan resaltar numerosas cuestiones de política interior como, por caso, los alcances de la política tributaria, la impronta de la estrategia gubernamental en relación con los gobernadores y en el parlamento e, incluso, en referencia con el ciclo electoral de medio término previsto para octubre del año en curso. La llamada “diplomacia de las cañoneras” reemplazada de manera eficaz por la “diplomacia de la deuda soberana”.
Esta línea de asistencia financiera no es casual ni gratuita, y debe contextualizarse tanto en los efectos de la política financiera, cambiaria y fiscal del gobierno de Milei, como en la dinámica geopolítica internacional.

Injerencia creciente
El gobierno de La Libertad Avanza puso en marcha un set de políticas económicas neoliberales, presentadas histriónicamente y con insultos, pero sin una novedad mayúscula en su sentido. A diferencia de su antecesor, el gobierno de Cambiemos, el gobierno libertario optó por apretar el ajuste fiscal hasta romper casi todas las reglas y normas del derecho internacional de derechos humanos, pero demoró la desregulación financiera. Esto limitó severamente el acceso a deuda externa, basando su programa económico en captar el interés de inversores locales. Ahora bien, en el creciente ejercicio de entregar privilegios al poder económico, el gobierno se mostró incapaz de retener las divisas que se generaron, liquidando en tiempo récord dos buenas cosechas, un blanqueo y el superávit energético.
Como en muchas ocasiones (la última en 2018), en abril de 2025 el FMI salió al rescate de un gobierno neoliberal en la Argentina. En lo inmediato, esto implicó el desembolso de 12 mil millones de dólares (el 60% del monto total acordado), que fue ampliado con la asistencia financiera de otros organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a lo que se sumó otro desembolso del FMI por 2 mil millones en agosto, aun cuando el gobierno no había cumplido con las metas de acumulación de reservas acordadas con el organismo.
Lo que fue presentado ante la opinión pública como la “fase 3” del programa económico no fue otra cosa que un salvataje gigantesco. Un rescate a un gobierno que, a instancias de un dogmatismo visceral, se había autoinfligido una crisis aguda en el sector externo.
El rescate al gobierno de Milei fue impulsado de modo ostensible por el de Estados Unidos. Sin ese apoyo fundamental, difícilmente se hubiera concretado la asistencia del FMI y los demás organismos. Se trata de una decisión del gobierno de Donald Trump que debe ser enmarcada en la disputa económica y comercial que le ha declarado a un gran número de países, en particular a China.
En su búsqueda denodada por no seguir perdiendo terreno frente a este país en una diversidad de frentes (comerciales, financieros, industriales, científicos, tecnológicos), uno de los ejes priorizados por la administración republicana ha sido el de fortalecerse a nivel del continente americano vía la reactualización del viejo principio doctrinario de “América para los americanos”. Para ello ha buscado por distintos medios apuntalar a gobiernos políticamente alineados, como el de LLA. Máxime cuando el contexto regional se caracteriza por la vigencia de varias administraciones con retórica nacional y popular o “progresista” (tales los casos, con importantes matices, de Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela). Y también ha venido presionando de modo explícito para que los países de la región rompan sus cada vez más estrechos lazos comerciales y financieros con China. Sobre esto último, en abril de 2025 el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, visitó la Argentina y planteó abiertamente que el país debería desligarse de los acuerdos financieros (swap) con China.
Frente a la estrategia priorizada, la condescendencia del gobierno de Milei se ha venido expresando de diversas maneras. Algunas menores, como los viajes recurrentes del presidente a Estados Unidos. Otras más estructurales, como el seguimiento irrestricto en los patrones de votación en Naciones Unidas respecto de los conflictos en Ucrania y Gaza, o el anuncio de que se intentará celebrar un acuerdo de libre comercio con la potencia continental (que, en caso de concretarse, resultaría sumamente perjudicial para nuestro país, por numerosas razones).
Un componente central del salvataje conducido por el FMI pasó por la modificación de la política cambiaria: el sistema que venía funcionando de devaluaciones administradas (crawling peg) fue suplantado por otro de bandas de flotación. Con el nuevo esquema, el tipo de cambio comenzó oscilando entre los 1.000 y 1.400 pesos por dólar, valores que se debían ajustar en forma periódica. El Banco Central sólo podía intervenir como comprador o vendedor según el valor de la cotización se aproximara, respectivamente, al piso o al techo de la banda. La implementación de este nuevo esquema conllevó una depreciación del peso y, como era previsible, generó subas de precios de distintos tipos de bienes, con el consecuente impacto negativo sobre los alicaídos ingresos populares.
Como parte de su estrategia de contener el proceso inflacionario, el gobierno de Milei aspiró a usar los recursos externos para moverse alrededor del piso de la banda (para tratar de mantener la inflación controlada, seguir pagando la deuda externa, estimular el ingreso de importaciones y ofrecer dólar barato para ahorro o viajes al exterior de personas y familias). Para ello debía, entre otras cosas, evitar que los grandes agentes económicos dolaricen sus ingresos. No se trataba tanto las personas físicas, cuyos disminuidos ingresos ya no tenían tanta capacidad de presionar sobre el valor de la divisa, sino los grandes operadores. Una manera de lograrlo fue otorgándole a las empresas extranjeras radicadas en el país un bono (que paga intereses) en lugar de divisas para remesar sus ganancias por nuevas inversiones y de ejercicios anteriores. La otra vía fue la suba de la tasa de interés por encima del 50% real anual, lo que implicó un negocio promisorio para el capital financiero y la reedición del carry trade que, en buena medida, llevó a la crisis externa que precedió al rescate del FMI. Para ello, habilitó la posibilidad de ingresar fondos del exterior para invertir en bonos y títulos a corto plazo. Con el respaldo del FMI en el tope de la banda, los capitales especulativos conocen exactamente cuál es el piso de su ganancia. El límite superior, por supuesto, estaría por verse.
Sin embargo, esa estrategia se reveló cortoplacista, y para julio de 2025 se desató una nueva tensión en el sector externo de la economía, en cuyo marco tuvo lugar una suba del tipo de cambio superior al 13%. Una vez concretada esta devaluación, algo que sugería el FMI, el organismo habilitó el mencionado desembolso de alrededor de 2.000 millones de dólares, lo que sentó las bases para el despliegue de un nuevo esquema de carry trade, aunque en un ciclo cada vez más corto ya que en septiembre el tipo de cambio inició un nuevo ciclo ascendente que lo ubicó en el límite superior de la banda y llevó al Banco Central a desprenderse de reservas. La desregulación financiera operada con el acuerdo del FMI se reveló como una trampa que aceleró la pérdida de divisas.
Tras la severa derrota del gobierno en las elecciones legislativas bonaerenses a inicios de septiembre, esta dinámica se aceleró. Una sucesión de derrotas en el Congreso (rechazo a vetos presidenciales en emergencia pediátrica y universitaria, emplazamientos a comisión de investigación, etc.) mostró a un gobierno debilitado, con menos capacidad política. Ante la presión de la situación, el presidente buscó apoyo con un nuevo crédito bilateral por parte del Tesoro estadounidense. Sin embargo, la dinámica provenía de la propia insostenibilidad del esquema económico. Al no acumular reservas, la probabilidad de repago de deuda se hace menor, elevando el riesgo país y con ello dificultando el retorno al mercado de capitales. Una devaluación para acumular reservas quebraría el logro de la reducción de la inflación. El uso de controles cambiarios iría en sentido opuesto al rumbo de reformas que el gobierno impulsa. El mercado analiza que todas las salidas son malas, incluso en caso de éxito, y la dilación del ajuste solo magnifica su intensidad posterior.

Para entonces, y más allá de los resultados electorales bonaerenses, la situación cambiaria se encontraba muy tensionada dado el poco “poder de fuego” del gobierno en lo que hace al manejo de divisas; ello, en un contexto signado por la existencia de una fuerte presión dolarizadora y un tipo de cambio oficial que parece haber encontrado un nuevo piso, en un nivel similar al techo que resulta del sistema de bandas de flotación implementado. En ese marco, en el plano interno el gobierno anunció, entre otras medidas, una reducción a cero (temporaria) de las retenciones agropecuarias, para fomentar sobre todo la liquidación remanente de cosecha. Aunque esto provea de dólares en el corto plazo, agudiza la necesidad de mayor ajuste fiscal, al tiempo que incorpora presiones inflacionarias (en especial en el precio de los alimentos) e implicó en los hechos una fenomenal transferencia de ingresos a un puñado de grandes exportadores. Los productores agropecuarios no recibieron ningún beneficio de esta medida. Incluso más, esto generó rispideces con el gobierno estadounidense, porque el comprador que mejor aprovechó la súbita rebaja es China, que adquirió a menor precio la soja que compite con la vendida por Estados Unidos. En un juego de suma cero, el acuerdo con la potencia del Norte no alcanza ni para todo el poder económico.
Aun así, en el frente externo, se destaca el apoyo ostensible recibido del gobierno estadounidense, que trasciende con creces lo económico-financiero.
Sobre esta última “ayuda” (por ahora solo en términos político-simbólicos), que se anticipa y calcula en 20.000 millones de dólares, si se concretara en la forma de un empréstito externo en sentido material (es decir, que haya una entrega de capital financiero a cambio de una renta), más allá de las denominaciones en función de las complejidades de las operatorias financieras, y por tratarse de acuerdo directo entre Estados, debería ser aprobado por el Congreso de la Nación (art. 75 de la Constitución nacional). Si esto no sucediera, haría que el contrato fuera nulo. En el plano internacional, el art. 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que “1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe” (énfasis añadido por los autores de esta nota). Aquí vale la pena recordar que el acuerdo con el FMI, el de 2018 y el de 2025, no fueron aprobados por el Congreso.
El gobierno se desespera por encontrar una modalidad que eluda el control legislativo, en connivencia con sus socios internacionales. Al calor del apoyo norteamericano, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron ampliaciones de sus créditos a la Argentina. El gobierno estadounidense ensaya mecanismos como el swap para que los fondos provistos no aparezcan como préstamos, en lo que sería el segundo salvataje en menos de medio año. Esta vez, ya sin mediación, sino con la atención del “propio dueño”.
Con todo, en caso de llegar estos fondos, solo tendrían por objetivo calmar el mercado cambiario hasta las elecciones de octubre. En ese punto, la exigencia es clara: avanzar con las reformas estructurales y liberar el tipo de cambio. A lo primero, se le opone un amplio conjunto social que se resiste dignamente a perder más derechos, y cada vez más, un sistema político que ve agotado el esquema –no necesariamente por distancia en los dogmas-. A lo segundo, se le opone el tiempo: preservar el esquema de carry trade implica que los capitales salgan antes que se acomode el nivel de tipo de cambio, con lo que el momento post elecciones les da una señal de partida para el momento pre-elecciones, desestabilizando lo que se quería estabilizar. En cualquier escenario, ninguno de estos fondos proveerá inversiones en materia educativa o de salud, en rutas o asistencia ante emergencias climáticas, no reactivará el mercado de trabajo ni mejorará los salarios, no significará más oportunidades para jóvenes ni asignaciones para adultos mayores. Solo sostendrá un esquema ordenado para vulnerar derechos en aras de ganancias.
Ilustraciones: Alvarez & Bohoslavsky, de la colección "Mirar la deuda", en https://www.jairoalvarez.com/e...