Los esclavos del chiquero

Nadie sabe si alguna vez Juan conoció otra cosa. Tampoco dónde lo parieron ni cómo apareció ahí. Esa mañana del 10 de septiembre de 2022, cuando todavía era de noche, estaba concentrado en el gruñido de los cerdos. Tomó un cuchillo, la sierra. Hacía décadas que había perdido las náuseas.

Tiene poco más de cuarenta años, pero parece un nene indefenso. Su cuarto estaba en el frigorífico, aunque para ir al baño tenía que cruzar el patio donde se esparcen el jugo y la grasa de los animales. Sobre la mesa de trabajo había facturas con moho. Los compañeros le decían que no las comiera más. Él sólo obedecía a “papi” y “mami”.

En medio de la faena de chanchos, la policía ingresó al frigorífico Criasur de Río Gallegos, por orden del juez federal Claudio Vázquez, y allanó el predio ubicado en la ruta nacional 3. De ahí salieron con diecinueve víctimas de trata laboral, algunas extranjeras, como Juan, que tenía una cédula chilena como única pertenencia.

A la denuncia la había realizado la gerenta, Fulvia Padrón Chirino, luego de huir con la ayuda de un compañero de la chanchería. Ella llevaba días enferma, se retorcía del dolor, era ya un holograma de la mujer que había entrado a aquel lugar. Lucas Martínez logró meterla en su auto y sacarla de ahí.

Fulvia supo que estaba a salvo cuando las ruedas dejaron de resonar con el pedregullo del barrio Ayres Argentinos, y avanzaron ligeras sobre el asfalto. Entonces se incorporó en el asiento de atrás, abrió ligeramente la ventanilla y el perfume de las valerianas le refrescó la cara de luna. Miró cómo el cielo hervía espeso a esa hora de la tarde y supo que sería la última vez.

Antes de ir al médico, fueron a la comisaría.

Fulvia le explicó al oficial que la tenían secuestrada, que nunca le habían pagado por su trabajo. Tiene el pelo negro crudo, el cuerpo retacón y los brazos eléctricos que movía agitando el vaho alcanforado del ungüento para los dolores. Es una de las treinta y cinco mil migrantes venezolanas que vino a la Argentina para estudiar. En una universidad pública de Buenos Aires se recibió de ingeniera de producción animal y es especialista en cerdos. En marzo de 2022 la contactaron por un aviso en redes. Le ofrecieron administrar el lugar, con un salario de cien mil pesos, casa y comida incluidas. Jamás cumplieron.

Ahora, seis meses después de haber llegado a Río Gallego estaba deshidratada, hacía semanas que cagaba en bolsas, porque el virus que se había contagiado tocando vísceras de un cerdo enfermo no le daba tiempo de llegar a un baño, y sus jefes le habían prohibido suspender las labores o ir a un hospital.

Desde Venezuela, a donde regresó dos días después del allanamiento, Fulvia contó que los dueños de Criasur “se aprovechaban de mi soledad, de mi edad, vulnerabilidad, mi necesidad de trabajar. Tuve covid, infecciones graves y jamás me dieron medicación ni obra social. La única vez que pude ir al hospital, Sarutti me exigió que volviese a trabajar. Iba de cuerpo en bolsas de supermercado, en tachos, para seguir trabajando. Sentía un dolor insoportable y los chicos me ayudaban a caminar, me daban comida. Era un secuestro, esclavitud moderna”.

Los dueños del frigorífico son Daniel Sarutti y Yanina Sapino. Él es un empresario reconocido y ella, su esposa, la responsable de la protectora de animales “Narices Frías”. Desde sus redes- y aún hoy-, milita contra el maltrato animal. Sus posteos están llenos de imágenes de perros atropellados, abandonados o bajo la lluvia porque “pobrecitos”.

Solo algunos trabajadores podían volver a sus casas después de extenuantes jornadas dentro de la chanchería. Eran los que tenían familia en la capital santacruceña. Luego del rescate y liberación de las personas que padecían distintos grados de explotación, todas testimoniaron ante el fiscal Julio Zárate que eran insultadas y amenazadas constantemente si acaso se quejaban de las condiciones del frigorífico.

Los trabajadores que lidiaron con la inmundicia, registraron todo en fotos: sobre una mesa de metal varias manos abren animales con órganos que sobresalen y van del verde al negro; el cuero seco y opaco. Así probaron que también los obligaban a faenar cerdos que llevaban muertos algunos días, algo terminantemente prohibido por la Ley de Carnes.

La ropa de Juan estaba impregnada de excremento y pis. El día que lo interrogaron en una Cámara Gesell llevaba un sweater viejo de lana a rayas y se movía con torpeza. Torcía el cuello compulsivamente y sus ojos miraban asombrados. No hilvanaba frases. Preguntaba por “mami”.

La pericia determinó después que “…se encontraba perdido en tiempo y espacio, ya que no supo contestar cuántos años tiene, como tampoco cuenta con la capacidad de leer y escribir…”

El mundo que conocía se parecía bastante al realismo brutal de una película de Robert Bresson, donde la desgracia es rutinaria. La noción de Juan llegaba hasta las puertas del criadero. Su tarea comenzaba a las cinco de la mañana y terminaba a las once de la noche. Hacía de todo. Faenaba animales, limpiaba la sangre, estaba cargo del candado del portón y era quien reportaba toda novedad a Sarutti y Sapino, que le habían hecho creer que eran sus padres adoptivos, y que su familia verdadera no lo quería, que lo habían abandonado por “retrasado”.

Nació en Castro, en el archipiélago de Chiloé. Una comunidad de costas escarpadas con techos bajos, en la región de Magallanes, la más extrema de la Patagonia chilena. Nada de eso se sabía hasta que se dió intervención a la Cancillería y al Consultado, para que colaborasen en la búsqueda de parientes. Esas averiguaciones dieron con que su familia lo había dado por muerto después de su desaparición, hacía ya veinte años.

Quizás nunca se pueda saber con certeza qué le pasó en todo este tiempo. Tampoco las autoridades certificaron su discapacidad ni conocen si era preexistente a que se quisiera volar los sesos.

Según testimonios y una causa que tramitó años atrás en la justicia ordinaria santacruceña, hubo una navidad en la que Juan habría intentado dispararle al hijo del matrimonio, y tras un forcejeo, se encerró en su cuarto de la chanchería y se pegó, no uno, sino dos tiros en la cabeza… Dos tiros.

Luego del allanamiento, alojaron a Juan en el Hotel El Timón, mientras los propietarios de la chanchería recibieron una orden de prohibición de acercamiento para no entorpecer la causa, como única condición para no ir a la cárcel.

El mes pasado, el Cónsul Christian Blasco, llamó al fiscal para informarle que habían encontrado a los parientes de Juan, y un tío había viajado a buscarlo a Río Gallegos. Supieron que tenía una familia numerosa, de varios hermanos que no recordaba, como tampoco el nombre de sus padres biológicos.

Su tío lo llevó a un restaurante. Juan no había ido a uno jamás. Convencerlo de volver con su familia no fue sencillo, para él solo existía el trabajo. En dos décadas no había tenido un franco, ni vacaciones, ni días de carpeta. Tampoco salió a pasear. No conoce el sabor de una tardecita de verano en el pasto, ni el sonido de las olas cuando están crispadas. Nadie lo besó.

El tío reportó al cónsul que el dueño de la chanchería lo llamaba por teléfono insistentemente para exigirle que volviese a trabajar, que ni se le ocurriera huir. En medio del almuerzo, Sarutti se apareció en el lugar e intentó llevárselo a la fuerza.

“Es como si alguien secuestrado en dictadura tras la desaparición de sus padres, acaba de conocer la verdad y está a punto de reencontrarse con sus abuelos, pero los apropiadores intentan evitarlo. No pudo haber elegido un momento más siniestro”, dijo el fiscal Zárate para esta nota, sobre el episodio que “muestra un nivel de crueldad extremo” y por el cual solicitó la orden de detención.

El fiscal está convencido de que “crearon un esclavo, un ente manipulable. Para él, el hecho de ir a trabajar es cuestión de vida o muerte. Se trata de una persona vulnerable, que vivía en condiciones inhumanas”.

La aparición de Juan Mansilla Alvarado, ese es su nombre completo, generó conmoción en el país trasandino y durante semanas la noticia permaneció en los portales. “Lo daban por muerto hace veinte años”.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en 2021, veintisiete millones y medio de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso. Juan además integra un grupo de extrema vulnerabilidad, como es el de las personas con discapacidad. El primer reporte sobre denuncias con víctimas que tienen padecimiento mental (2020) hechas ante la Línea 145, indicó que en nuestro país se iniciaron ciento veinte causas. De ese total, cincuenta son de casos de explotación sexual.

La guía del Ministerio Público Fiscal dice que la trata laboral aparece con un combo: las condiciones de trabajo no son las prometidas, el salario está por debajo del mínimo vital y móvil, las jornadas de trabajo se exceden, no hay seguridad ni higiene, se aplican descuentos injustificados, existen amenazas, violencia verbal, multas y se los obliga a vivir o dormir en el lugar de trabajo.

M no debe tener más de veintitrés. Está cerca del metro noventa y camina con fiereza. Es fornido y tiene los brazos en jarra. Nadie pensaría que es homosexual. Después de los allanamientos, es uno de los primeros en dar su testimonio. Cuando abre la boca, se larga a llorar como un bebé. La violencia contra él fue distinta. “Maricón”, “puto”, “gordo de mierda”.

Al igual que los demás, entró con la promesa de un sueldo y una tarea determinada, pero terminó limpiando excrementos y faenados. Todos hacían todo. Todos cargaban con una vulnerabilidad preexistente.

Sarutti y Sapino son además dueños de la cadena de panaderías Santa Cruz, por lo que la noticia del descubrimiento de personas reducidas a esclavitud en la chanchería, hizo que quienes trabajan en los comercios fuesen al Ministerio de Trabajo a decir lo suyo. Así se descubrió que los empresarios operaban como tratantes también ahí.

A Lorena la contactaron en Buenos Aires y le ofrecieron viajar al sur como jefa de panadería. Sueldo acorde y vivienda. Como a Fulvia, le pagaron el aéreo, pero cuando llegó, nada era como le habían dicho.

“Pelotuda de mierda, mirá la poronga que cocinas” y acto seguido, la bandeja de masas en el piso. Estupor, el silencio del resto, que ya conoce que mejor no hacer nada.

La hospedaron en una de las ocho casas que tiene el matrimonio y donde va rotando el personal. Según su desempeño, el estado de la vivienda asignada podía ser de malo a pésimo. Así llegaban entonces los descuentos por alquiler, por días de enfermedad. Incluso, media hora de lactancia representaba un día completo de vacaciones.

En el expediente que lleva la Secretaría Penal de Carlos Cerezoli, constan más de veinticinco filmaciones de trabajadores diciendo lo suyo al equipo del Programa Nacional de Rescate de Víctimas. La mayoría configuraría explotación laboral.

Virginia Lourenco integra el equipo que lidera Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Contó que, en el caso de trata de Río Gallegos, y a pedido del fiscal, colaboraron en las entrevistas en Cámara Gesell.

“Con la primera víctima, que inicia el caso, hablamos por videoconferencia. Ella ya estaba en Venezuela. Luego hicimos la valoración del coeficiente de explotación de cada una de las personas, en función de las horas que trabajaban, el salario pactado, y el resto de las condiciones de trabajo o de explotación a la que fueron sometidas”. De ahí surgió entonces la recomendación al Ministerio Público para que indague a los imputados.

Desde su creación en 2013, la PROTEX, un organismo que reemplazó a la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), lleva contabilizadas un total de doscientas sesenta y seis denuncias por explotación laboral en nuestra región.

El registro elaborado para este informe marca la distribución por provincias con noventa y dos casos en la provincia de Río Negro, sesenta en Neuquén, diecinueve en Chubut, trece fueron en La Pampa, doce en Tierra del Fuego y treinta en el distrito de Santa Cruz.

De todas esas denuncias recibidas, ciento veintidós se derivaron al fuero federal, ochenta y tres tramitaron en los estrados de General Roca, treinta y dos en Comodoro Rivadavia y siete en los juzgados de Bahía Blanca. En estos diez años hubo quince sentencias por explotación laboral, de las cuales, el ochenta por ciento fueron por audiencia de debate y el resto por juicio abreviado.

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz fue consultado para esta nota sobre los controles que se hacían y las denuncias previas que pudieron haber existido. No hubo respuesta.

El secretario general del gremio de panaderos, Roberto León dijo que “tenemos denuncias desde el año 2015, pero el Ministerio se declara incompetente porque ponen excusas para los despidos. Tenemos a un compañero con treinta y dos años de antigüedad, que fue despedido con la excusa de que robó”.

Algo de eso contó Fulvia luego de huir. Dijo que, en más de una oportunidad, Sarutti “me pedía que dijera que algún trabajador que no le gustaba había robado. Era porque lo quería echar sin pagarle la indemnización. Pero yo no lo hice”.

El gremio de panaderos también denunció. “La señora Sapino tiene un nivel de maltrato impresionante. Un basureo constante con el personal. Trabajé cuatro años en esa panadería. De sesenta empleados, yo era el único que cobraba los feriados. Explotan a la gente”. dijo el sindicalista.

El matrimonio y una hermana de Sapino fueron procesados con prisión preventiva por el delito de trata de personas agravado. Ambos continúan detenidos. Sapino con domiciliaria y pulsera electrónica por haber alegado problemas de salud. Sobre los tres pesa un embargo de cincuenta millones de pesos para cada uno. Actualmente todas las empresas siguen funcionando.

Para este tipo de delitos, la ley establece una reparación integral. De ahí que debe garantizarse que los bienes que poseen Sarutti y su esposa se mantengan para que, en caso de tener que reparar a las víctimas, se repartan.

Por eso, tanto la chanchería como las panaderías tienen un administrador designado por los imputados, para que el personal no pierda el empleo. Desde que pasó todo, los sueldos se depositan en tiempo y forma, se blanqueó a quienes estaban en negro y desaparecieron los descuentos de los recibos de sueldo que los dejaban con apenas treinta o veinte mil pesos en el bolsillo.

En Venezuela, Fulvia todavía tiene pesadillas en las que Sarutti le exige presentarse a trabajar. “Me busca, me pone la mano en el hombro y me dice ‘seguí trabajando, que tengo setenta y cinco años y mirá cómo estoy’”. Otras veces, el sueño es peor: “Muero y me cortan en pedacitos para dárselo a los chanchos”.

A mediados del mes pasado, Juan y su tío fueron escoltados por Gendarmería hasta la terminal de transporte de Río Gallegos. Nadie sabe con certeza la historia de Juan porque tiene lagunas mentales, pero se emocionó al cruzar la frontera, y cuando llegó a Punta Arenas durmió catorce horas de corrido. Hacía veinte años que Juan no tenía un día de descanso.